La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, está dispuesta a echarle el pulso a la unidad central operativa (UCO) del instituto armado, desde donde se sembraron sospechas sobre su implicación en una trama para frenar investigaciones que afectan al PSOE. La fiel escudera del presidente del Gobierno, que el próximo jueves declarará como imputada en la Audiencia Nacional, pretende aplicar –hasta sus últimas consecuencias– el manual de resistencia de Pedro Sánchez, a quien conoce desde que militaban en las Juventudes Socialistas. Aunque ello le suponga el enfrentamiento con la institución, donde se extiende la idea de que es la peor crisis en los 182 años de historia.
La batalla que se libra en el seno de la Guardia Civil no es una guerra civil, con los uniformados a un lado u otro en función de sus intereses. Aquí, la fotografía aflora a una cúpula política y operativa –con el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, también imputado– aislada, con algunos leales colaboradores, mientras que la inmensa mayoría respalda a la unidad contra la corrupción y a sus mandos, a quien la presunta organización liderada por Santos Cerdán y Leire Díez puso en su lista negra para intimidarlos.
Las asociaciones ven “intolerables” las presuntas maniobras y exigen la inmediata dimisión de la cúpula
Las principales asociaciones de guardias civiles son un reflejo de esa grieta abierta con la cúpula, a la que exigen la dimisión. La mayoritaria, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), considera “intolerable” que desde la dirección, tal y como declaró un testigo, se pidiese a la UCO que se pusiese de perfil con los casos que salpican al Gobierno. Desde Jucil, en pie de guerra contra el Gobierno desde sus inicios, recuerdan a González que está “obligada moralmente” a cumplir con el principio por el que se rige el instituto armado –“El honor es mi divisa”–, por lo que consideran que “por dignidad institucional” su salida debe ser “inmediata”. También la AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles) piensa que la directora general “solo” tiene una salida “para evitar seguir perjudicando el buen hacer de la Guardia Civil”. La lista es inagotable.
Cuando saltaron los primeros atestados de la UCO, a principios de junio, desde el círculo más próximo a la directora descartaban “por completo” su imputación, pese a que fuentes de la investigación ya advertían de que, “todo a su debido tiempo”, ese momento llegaría. Con su citación como testigo, la causa se ensancha: ya no sólo se trata de “inferencias” de la UCO, sino que la Fiscalía Anticorrupción y el instructor Santiago Pedraz también asumen la tesis: González pudo maniobrar contra sus uniformados mediante la apertura de investigaciones internas para amedrentarlos. Todo ello, presuntamente, instigadas por la fontanera del PSOE, con quien mantuvo, al menos, dos encuentros. Y eso es lo que no perdonan en el instituto armado: ir contra los suyos. Así se lo hicieron ver el 1 de julio durante el acto de entrega de Reales Despachos a los 248 nuevos suboficiales en El Escorial, donde guardias civiles le abuchearon con gritos de “viva la UCO”.
La jefa del cuerpo, que ha limitado su agenda, fue abucheada al grito de “viva la UCO” en un acto con Marlaska
Desde asociaciones como IGC (Independientes de la Guardia Civil) la lectura del caso no es completamente negativa. La investigación a la cúpula de la Guardia Civil, explican, ha servido para evidenciar ante la opinión pública que la UCO actúa con independencia, sin injerencias políticas. Esa postura es la que mantiene en público el Gobierno, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al frente. En la comisión de investigación del Senado a la que acudió González, los grupos políticos lo que le reprocharon, precisamente, es que siguiese dirigiendo una institución cuya unidad contra la corrupción sospechaba de ella. “No se puede soplar y sorber a la vez”, comentaba un senador en los pasillos ante la tesitura en la que estaba la directora, pero también el titular de Interior, quien mantiene “su plena confianza” en ella.
Fuentes ministeriales explican que Marlaska sigue sin ver razones que justifiquen la imputación de la cúpula de la Guardia Civil. Remiten a la querella por agresión sexual contra el exDAO de la Policía Nacional José Ángel González. “La leyó e, inmediatamente, pidió su cabeza”, recuerdan las mismas fuentes, con aquella –mera– admisión a trámite. Esto, insisten, “es distinto”, ya que el ex magistrado de la Audiencia Nacional mantiene que no hay indicios sólidos.
El ministro mantiene su plena confianza en González, pese a que el juez y el fiscal han asumido la tesis policial
Tanto Sánchez como Marlaska están convencidos de su inocencia, pero a quien debe convencer ahora es a Pedraz, que le tomará declaración el jueves. El resto del cuerpo parece que ya ha dictado sentencia.
Las incógnitas que Mercedes González deberá despejar ante el juez
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tendrá ante sí el próximo jueves una imagen insólita: la de un director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil sentado, como investigado, ante un instructor. Y ese mismo día que tomará declaración a Manuel Llamas, lo hará también con la directora general, Mercedes González, aunque ella sí tiene un precedente: Luis Roldán, el exjefe del instituto armado condenado por malversación, estafa, cohecho y contra la Hacienda. Ahora ambos se sientan por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Con la incógnita de si responderán a las partes, o se limitarán a contestar a sus abogados, Pedraz pondrá sobre la mesa las tres informaciones reservadas, el paso previo a la apertura de expedientes, que se abrieron desde la cúpula de la Guardia Civil, supuestamente, para presionar a mandos de la unidad central operativa (UCO). González ha defendido, desde que estalló el caso que le obligó a reconocer los encuentros con Leire Díez (pese al desmentido de Interior), que dos de esas investigaciones en marcha se abrieron por sospechas de filtraciones a los medios que venían de la propia UCO y otra después de que El Mundo tachó a Llamas de “comisario político”. Además, esta semana el comandante imputado por el caso Koldo, Rubén Villaba, ha ratificado que la fontanera del PSOE le ofreció ser asesor de González a cambio de información de mandos de la UCO para confeccionar una lista de objetivos. Otro frente para la directora, que defiende que cuando Díez le habló de buscarle un destino a Villalba, dio la reunión por acabada.
