Cuando hablamos de la economía de un país, los expertos usan el concepto del stock de capital para referirse al conjunto de activos productivos que acumula este. Por ejemplo, infraestructuras como las carreteras, los hospitales o las redes de distribución eléctrica. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos elementos también envejecen y se deprecian cuando la inversión para mantenerlas no es suficiente. En el caso del transporte, tanto por carretera como el ferroviario, los datos evidencian que este deterioro no se está compensando como tocaría.
Según cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA, con cifras del 2024, el valor de las infraestructuras viarias y ferroviarias españolas era entonces inferior a los máximos del 2015 y 2016 en un 2% y un 0,4%, respectivamente. Los expertos responsables de la investigación coinciden en que recortar estos gastos para conservar las infraestructuras tiene un menor coste político que hacerlo en otras medidas públicas como la sanidad o la educación, un efecto que venimos arrastrando tras la crisis del 2007.
No obstante, aunque España hubiera sido capaz de sostener la inversión en transporte durante estos años, el incremento de la población provoca que este deterioro sea más rápido. Mientras que antes del estallido de la recesión España tenía cerca de 44,7 millones de habitantes, ahora el país ya se acerca a los 50 millones. Son cerca de 5 millones más de personas utilizando estas infraestructuras. Si nos fijamos en el número de vehículos, en los últimos 19 años, el parque español también ha crecido de 30 millones a más de 37. En este sentido, los expertos defienden que deberían ampliarse las infraestructuras existentes para adaptarse a esta nueva realidad.
En mayo, la patronal Foment del Treball alertó nuevamente del déficit de inversión en Catalunya en materia de infraestructuras. La organización empresarial cifró en 60.000 millones de euros los recursos necesarios para alcanzar la media europea y cubrir la depreciación que sufren las carreteras o la red de trenes catalana. Según sus estimaciones, en Europa se destina de media el equivalente al 2,2% de PIB cada año a renovar o construir nuevas infraestructuras. En cambio, en Catalunya, excepto en el 2009, nunca se ha alcanzado este porcentaje. Esto significa que en los últimos 15 años se han dejado de invertir 49.543 millones de euros que habrían mejorado estos servicios públicos.
