A la una de la madrugada del 9 de enero de 2001 Paco Lavandeira, un emigrante de Covelo (Pontevedra) de 73 años, ya estaba en la puerta del número 1.760 de la calle Guido, sede del consulado español en el exclusivo barrio de la Recoleta de Buenos Aires. Cuando abrió la puerta a las 8,30 lideraba una cola de cientos de personas que daba la vuelta a la manzana, en pos de un pasaporte de oro, de nulo valor en el otrora pasado opulento de Argentina. Arrancaba la carrera de las nacionalizaciones de descendientes, el principal factor que ha hecho pasar a la población española en el exterior del poco más de un millón del 2000 a los 3,2 de la actualidad. Al ritmo burocrático actual serán unos 4 millones en el 2030, una enormidad, pero lejos de los cerca de 6 millones sobre los que se especula al hilo de la ‘ley de nietos’.
En aquella madrugada del tórrido y húmedo verano porteño Lavandeira contaba que había llegado en 1938 a Argentina a través de Lisboa. Según confesaba, “¡nunca!” pensó en que tendría que ir al consulado español para tramitar la nacionalidad para su hija, una maestra casada con un médico, que quería huir de un país que menos de un año después estallaría con el corralito bancario.
“Si lloviese no hubiese venido aquí a pasar la noche”, reconocía, sentada en una silla de playa, Sandra Calvo, una profesora descendientes de pontevedreses que pretendía hacer los trámites para sus hijas. Esa estampida hacia los consulados, que llevaba semanas captando la atención internacional, no era nada comparable a la crisis de los refugiados de los estertores del telón de acero en 1989. Se resumía en la expresión porteña de “por si las dudas”, por si acaso todo reventaba.
En Argentina empezó hace 25 años la carrera por un pasaporte que otrora nada valía y no se solía legar a los hijos
A las 8.30 horas, cuando ya merodeaban quienes se ofrecían a hacer trámites a cambio de dinero, de una forma más recatada de lo que sucedía en simultáneo ante el consulado de Italia, donde había tarifas por saltarse la cola u obtener el pasaporte, la última de la fila era una señora oriunda de Escairón, pero nacida en La Habana, testimonio viviente de una secular historia migratoria que giraba. Por en medio había quienes buscaban la regularización al amparo de la eliminación de la legislación franquista que privó de la nacionalidad a las mujeres que se casaban con extranjeros y les negó a sus hijos el pasaporte.
Con la explosión de la crisis en diciembre ese “por si las dudas” se convirtió en recurrentes ceremonias en el aeropuerto de Ezeiza en las que se despedía a los que se marchaban a Europa entre cánticos de estilo futbolístico.
Descendientes de españoles e italianos se iban a España con el pasaporte transalpino, mucho más fácil de lograr entonces, hasta la reforma del 2025 de la primera ministra Giorga Meloni. En el 2002 un cónsul italiano declaró que si se le presentaba un supuesto descendiente de Julio César, tenía que concederle la ciudadanía. Ese agravio comparativo avivaba la demanda de reformar el Código Civil español. En 2002 se efectuó un cambio, dirigido a los hijos de emigrantes. El Gobierno creía que se podía duplicar el censo electoral en dos años. Creció un 17%.
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El gran salto se produjo con la disposición adicional séptima de la ley de la Memoria Histórica del 2007, que permitía el acceso a la nacionalidad de descendientes de españoles sin exigirles haber nacido en España, la primera versión de lo que pasó a llamarse la ‘ley de nietos’. Fue la principal causante de que los expatriados pasasen de 1,5 millones en el 2009, cuando se publicó por primera vez el PERE, el Padrón de Españoles Residentes en el Exterior, a los casi 2,2 millones del 2015.
Esta subida fue utilizada repetidamente como un supuesto reflejo del éxodo causado por la crisis financiera española, sin reparar en el pequeño detalle de que uno los consulados que registraba un alza exponencial era el de La Habana. Se trató de una muestra más del desinterés por la diáspora y de su uso descarnado para maniobras partidistas y de agitación.
Sí había un flujo de nueva emigración, con destino sobre todo al Reino Unido, pero de menor cuantía. También apareció un tipo inédito de españoles, los inmigrantes que retornaban a sus países después de nacionalizarse, y los más de 70.000 sefarditas a los que se les dio el pasaporte. Y seguía habiendo un grupo de descendientes del exilio político, a menudo difícil de distinguir de la emigración económica. A ellos iba dirigida la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática del 2022, la ‘ley de nietos’ vigente hasta octubre.
El realismo mágico estadístico hizo de Madrid la comunidad con más expatriados, por delante de Galicia
Una instrucción del 2022 de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, la extendió en la práctica a todos los descendientes de emigrantes. Coincide con lo que en el 2022, en su visita a Buenos Aires ya como presidente del PP, reclamó Alberto Núñez Feijóo, una ley de nacionalidad que no dependiese “del plazo ni de las causas por las que se dejó España”. Pero la resolución de Sofía Puente ha sido objeto de denuncias de nulidad, por modificar el contenido de la ley y está en el eje de la actual campaña de Vox contra la ‘ley de nietos’, como una supuesta maniobra de ingeniería electoral de Pedro Sánchez, campaña a la que se ha sumado Feijóo.
El cóctel subió muchos grados a partir de las cifras que ofreció el ministro de Exteriores, José Manuel Albares de que se presentaron 2,45 millones de solicitudes. Se daba el dato de que las denegaciones suelen ser del 2%, sin tener en cuenta que se refiere a las peticiones formalizadas, no a los trámites previos. Nadie se atreve a hacer una estimación de cuántos pasaportes se darán, con los consulados desbordados en el epicentro de la ‘ley de nietos’, La Habana y Buenos Aires. Fuentes diplomáticas señalan que en el caso de la capital argentina “se tardarán varias décadas en resolver los expedientes”. Sin embargo, se alienta el fantasma de una posible duplicación no lejana del censo electoral del exterior, hoy de 2,7 millones. Sin embargo, sus observadores más atentos estiman que en las próximas generales rondará los 2,8, frente a los 2,3 del 2023. En PP y PSOE no se vislumbra una expectativa de que esa subida vaya a tener gran incidencia, si bien todo depende del azar, pues lo decisivo radica en las diferencias que se den en el recuento en España.
En el 2025, con ‘la ley de nietos’ en plena efervescencia, la población española en el exterior creció un 5%, en 156.036 personas, un récord que se alcanzó a partir de unos expedientes que se supone estaban más cuidados que los presentados después. Si se mantiene el ritmo hasta el 2030 se pasaría de los 3,2 millones a 3,.9.Si se subiese a un 7% anual, por los refuerzos para digitalizar los documentos, se podrían superar los 4 millones, lo que llevaría al censo electoral a 3,2 millones, frente al 2,7 actuales, lejos de esos supuestos 5 millones.
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Pero las maniobras nunca pueden descartarse y las polémicas continuarán, porque el desafío resulta descomunal y nunca hubo una estrategia de qué quiere hacer España con su diáspora, ni un plan para adecuar su servicio exterior a los nuevos retos, ni un debate sobre si el actual sistema electoral tiene sentido ya con tres tercios de nacidos en el extranjero.Y la Junta Electoral Central acaba de incidir, indirectamente, sobre uno de los sorprendentes prodigios de estos años, que Madrid sea ya la comunidad con más expatriados, por delante de Galicia. Realismo mágico estadístico.
