La ley de Amnistía fue la clave del inicio de esta legislatura, que acaba con el aval del Tribunal de Justicia de la UE. Esa ley ahondó el enfrentamiento entre una parte del poder judicial y el Gobierno de Sánchez. Ahora, el ministro Félix Bolaños reivindica los efectos de la amnistía y reclama que se aplique por completo cuanto antes.
¿El aval del TJUE a la ley de amnistía es una victoria del Gobierno o del independentismo?
Es una victoria de Catalunya y de España. Ha logrado que el conflicto que no debió salir de la política regrese a la política. Y que pasemos de la tensión insoportable del procés a hablar con normalidad entre personas que piensan distinto. Es verdad que aún no se ha aplicado en su totalidad y es la última etapa que hay que recorrer.
El Gobierno la descartó hasta que necesitó el voto de Junts
Durante un tiempo se opinó de la amnistía sin haberlo estudiado en profundidad. Yo, el primero. Cuando los estudiamos vimos que era una herramienta lógica para superar el enfrentamiento porque de una vez se evitaban las causas penales de centenares de personas. No se hubiera podido garantizar la reconciliación con más de 400 personas entrando en prisión. Un equipo de expertos en derecho constitucional, europeo, administrativo, contable, procesal… hicieron una gran labor y la ley es constitucional y conforme a los valores europeos.
El hecho de que el Supremo haya buscado un argumento para no aplicarla, ¿es una deslealtad del poder judicial al legislativo?
Mi interpretación de la decisión del Supremo de no aplicar la ley de amnistía es crítica. Su decisión fue discutida dentro del propio Supremo con votos particulares. La ley es muy clara en letra y espíritu: se pretende amnistiar de los delitos a todos los protagonistas del proceso independentista, los que deseaban la independencia y los que se opusieron. Estamos a punto para empezar de cero, con todos los partidos haciendo política en igualdad de condiciones.
Apoyo parlamentario
“Le pido a Junts que forme parte de la mayoría para reformar la justicia”
¿Cree que el bloqueo de la aplicación de la ley durante dos años se debe a motivos políticos?
Creo que habría podido caber una interpretación más acorde a la ley y al espíritu y que hoy ya estuviera aplicada en su integridad. No ha sido así, pero el Estado de Derecho tiene sus resortes y tiene otras instancias como el Constitucional, el Tribunal Europeo. Creo que se hará lo antes posible y se abrirá una nueva etapa en Catalunya de acuerdos entre diferentes. No cabe otra. A nadie se le puede pasar por la cabeza que un conflicto político acaba humillando o aplastando al de enfrente.
¿El Supremo estará prevaricando si no aplica pronto la ley?
Yo aspiro a que se aplique con la mayor agilidad. Ha quedado clara la posición del Constitucional, que ha dictado más de veinte sentencias en respuesta a recursos avalando la ley. Y ha quedado clara la postura del Tribunal Europeo, que dice que la amnistía es una herramienta para superar tensiones políticas y sociales. No quiero aventurar a qué puede pasar si no se aplica. Entiendo que se aplicará lo antes posible.
Las últimas encuestas revelan que el independentismo sería más numeroso que nunca en el Parlament de Catalunya, aunque ideológicamente no puedan sumar. ¿Cómo lo analiza?
Sin duda que hay una fuerza independentista importante en Catalunya y el Gobierno no pretende convencer a nadie de que piense distinto, pero sí de que hagan política dentro de la ley y buscando acuerdos con los que piensan diferente. ¿Qué alternativa plantea la derecha y la ultraderecha? Sacaron a miles de personas contra la ley de amnistía, asustando y mintiendo. ¿Qué quieren? ¿Que haya conflicto siempre? El PP tiene interiorizada una tradición muy peligrosa de sacar rédito enfrentando a Catalunya con el resto de España. Nosotros buscamos que cada vez más catalanes se sientan cómodos en un proyecto común que se llama España.
El independentismo sube, según las encuestas
“Nosotros buscamos que cada vez más catalanes se sientan cómodos en un proyecto común que se llama España”
La amnistía fue fruto de un pacto entre PSOE y Junts que también pretendía resolver el conflicto entre Catalunya y España con un mediador internacional. Eso no ha llegado a ninguna parte. ¿Se debería retomar?
La amnistía es el resultado de un pacto con Junts y con Esquerra Republicana y también con otras fuerzas no catalanas. Sentarte con el que piensa distinto es positivo siempre. Si no ha seguido ese diálogo no es porque el partido socialista se haya levantado de la mesa. Lo ha hecho Junts porque nos achaca incumplimientos. La sentencia europea pone de manifiesto que todo lo que pactamos con Junts, y con cualquier otra fuerza, trabajamos para que se lleve a cabo. Todo lo que está en nuestra mano está cumplido. Lo que depende de terceros estamos trabajando duro para conseguirlo.
Si la amnistía se aplicara en otoño, ¿cree que hay posibilidades de que Junts llegue a aprobar los presupuestos?
Deben responder ellos. Acabamos de aprobar una reforma de dependencia con una financiación de más de 6.000 millones. De hecho, ganamos el 86% de las votaciones del Congreso. Y la economía va como nunca. Harían bien Junts y otras fuerzas en sentarse a trabajar y que los ciudadanos vean que la política es útil.
Debate sobre el ‘lawfare’
“Los casos que afectan a la familia del presidente son muy discutibles, por ser elegante”
Si se aplica la amnistía, ¿cree que es más fácil convencer a Junts para que apruebe los proyectos de ley de reforma de la justicia que usted propone?
Estamos abordando la mayor transformación de la justicia desde la transición. Hemos suprimido los juzgados unipersonales, hemos creado 500 plazas de jueces y 200 de fiscales. Tenemos pendientes la ley de reforma de la Justicia y la ley de Enjuiciamiento Criminal, que por fin pasa la instrucción al Ministerio Fiscal como en todo el mundo occidental. Mi idea es conseguir una mayoría parlamentaria para que salgan adelante. Junts tendrá que explicar su posición, pero yo les pido que formen parte de la mayoría para reformar la justicia. No se entendería otra cosa.
En aquel pacto entre el PSOE y Junts que dio lugar a la amnistía se hacía referencia al lawfare . Pero ustedes también se resistían hablar de lawfare y ahora lo hacen, ¿otro cambio de opinión?
Hay que leer el acuerdo. Esa palabra aparecía, pero no se daba por hecho que existiera lawfare . Estamos viviendo un momento de muchas causas judiciales con un protagonismo indiscutible, pero no haríamos bien aplicando a todas la misma categorización y los mismos adjetivos. Cada causa tiene sus características. Ha habido algunas resoluciones judiciales difíciles de entender y esto ha hecho daño a personas concretas que no se lo merecen y también al nombre de la justicia, como reflejaba la encuesta de La Vanguardia . A una parte de la sociedad le parece que, ante resoluciones judiciales incomprensibles, debería haber una respuesta eficaz del sistema judicial de recursos y garantías. Y como no la ven, eso afecta al buen nombre de la justicia.
Cree que en el mundo judicial hay quien sigue la directriz de Aznar de “quien pueda hacer, que haga”?
Creo que hay resoluciones judiciales que uno no se explica. Tampoco podemos olvidar que hay una segunda presión sobre el sistema judicial. Hay ultraderechistas que se dedican cada día a interponer querellas contra progresistas solo por serlo y contra sus familiares. Son centenares de querellas para amedrentarnos y coaccionarnos. La inmensa mayoría no las admiten, pero de vez en cuando alguna se tramita con recortes de prensa, vulnerando la doctrina del Supremo, y esas querellas presionan al poder judicial. Las acusaciones populares hoy en España son un nido de ultras, haciendo una utilización espuria de una figura legal que no está para perseguir a personas por tener ideas progresistas, y por eso, la regulamos en nuestro proyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal.
“El CGPJ ha de saber que daña a la justicia defender lo indefendible”
Si se trata de distinguir entre casos, entiendo que usted considera discutibles los que afectan a la familia del presidente
Son casos que efectivamente son muy discutibles por utilizar una terminología muy elegante. La sentencia de Badajoz [sobre David Sánchez] es muy discutible. Es verdad que cabe recurso y el sistema de garantías ha de hacer su trabajo, pero es muy discutido cómo se ha podido llegar a una condena penal por un asunto que ni siquiera en vía administrativa nadie recurrió la asignación de aquella plaza. En el asunto de Begoña Gómez también ha habido resoluciones judiciales muy discutibles. No habrá muchos casos en la historia de la justicia española que hayan tenido un número tan elevadísimo de revocaciones: 16 de la justicia provincial y 6 denuncias ante el Consejo General de Poder Judicial por irregularidades del señor instructor y éste ha interpuesto una docena demandas contra periodistas, opinadores y políticos para coartar su derecho a la libertad de expresión y que no digan, como digo yo sin faltar a nadie, que su instrucción no pasará a la historia de la pulcritud jurídica.
¿Y el caso que afecta a Zapatero también lo incluiría ahí?
El caso de Zapatero está en una fase muy indiciaria, y en estos momentos no existen indicios incriminatorios claros y directos en su contra. El presidente Zapatero nos ha pedido tiempo para aclararlo todo y nos ha pedido confianza y se merece ambas cosas.
Pero no me dirá que se ponen de acuerdo un TS, una Audiencia Nacional, la Audiencia provincial de Madrid, la de Badajoz… muchos jueces como para que todos se muevan por motivos políticos
Que discrepemos de las resoluciones judiciales no significa que queramos generalizarlo. La inmensa mayoría de los jueces hacen su trabajo con imparcialidad, rigor y profesionalidad. Y eso no significa que el Gobierno esté de acuerdo con todas las resoluciones judiciales. Usted acaba de hacer un catálogo de algunas de las que discrepamos y lo hemos dicho con respeto. Eso es la democracia.
Futuras investigaciones
“No hay absolutamente nada para llevar a cabo tales acciones” [imputar al presidente y al PSOE]
¿Eso no contribuye a desprestigiar el buen nombre de la justicia?
Yo creo que la opinión que tengan los ciudadanos de la justicia no viene de que ningún político haga una declaración pública. Me parece que hay motivos más profundos y también el poder judicial tiene que ser consciente de que en ocasiones defender lo indefendible perjudica el buen nombre de la justicia, como ha pasado con algunos comunicados [del CGPJ].
¿Cree que hay un excesivo corporativismo judicial?
El corporativismo mal entendido es dañino. Cuando se sale a defender lo indefendible solo porque quien lo ha hecho forma parte de tu cuerpo no estás dando un buen mensaje a la ciudadanía, que quiere que cuando haya un comportamiento irregular se adopten medidas para corregirlo. Hay determinadas personas que creen que ese corporativismo mal entendido es bueno cuando realmente daña la imagen de la justicia.
¿Teme una imputación del presidente del Gobierno y del PSOE?
No hay absolutamente nada para llevar a cabo tales acciones. El PSOE ha actuado con contundencia cuando ha tenido indicios sólidos de comportamientos irregulares sin prejuzgar nada. Y hay otros casos en los que no hay prácticamente nada y, por tanto, todo el respeto a las investigaciones judiciales, pero estamos muy tranquilos en el Partido Socialista.
¿Lo están sobre el caso Leire ?
Lo que estamos conociendo es un poco confuso. No tengo claro si hay delito o no. Lo determinará la justicia. Lo que sí digo con contundencia es que no afectó a las instituciones del Estado. La UCO, la fiscalía o el poder judicial pudieron trabajar sin interferencias.
Por último, ¿cree que esta acumulación de casos judiciales y otros que puedan venir puede hacer cambiar de planes al presidente de agotar la legislatura?
El presidente dice en público lo mismo que en privado, que la legislatura se va a agotar. Yo sé que hay mucho ruido, unas veces con motivo y otras con la finalidad de evitar que se hable de lo que hace este gobierno, que es bueno para la ciudadanía y, por eso, en 2027, vamos a ganar las elecciones.
