Sostuvo Cesare Beccaria (1738-1794), padre del Derecho Penal moderno, que “tanto más justa y útil será la pena, cuanto más pronta fuere y más vecinal al delito cometidos”.
A falta de escasas dos semanas para el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre del 2001, que propició la caída de la Torres Gemelas en el sur de Manhattan y causó cerca de 3.000 muertos entre Nueva York, Virginia (Pentagono) y Pensilvania, un juez militar estableció el miércoles 5 de junio de 2028 como fecha para el juicio de Khalid Sheikh Mohammed y otros tres hombres acusados de conspirar para realizar el ataque del 11-S.
El teniente coronel de la Fuerza Aérea Michael Schrama, juez de las comisiones militares, fijó provisionalmente esa vista oral para una fecha en que hará unos 20 años de que Mohammed, considerado el autor intelectual de esos atentados bajo la inspiración del líder del Al Qaeda Osama Bin Laden, y sus coacusados comparecieran por primera vez ante el tribunal en 2008. Habrán pasado 27 años de esta tragedia que cambió al mundo, si por fin se cumple el calendario.
Entre miles de detenidos, cinco hombres fueron llevados inicialmente ante el tribunal de Guantánamo en 2008. Ramzi bin al-Shibh, un ciudadano yemení acusado de ayudar a los atacantes mediante la organización de la logística, fue declarado posteriormente mentalmente incapacitado para ser juzgado, debido al trastorno de estrés postraumático provocado por los “interrogatorios reforzados”, es decir, con torturas, llevados a cabo por el ejército estadounidense. Como consecuencia, su asunto se escindió.
Mohammed y otros dos acusados, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi (el cuarto implicado es Ammar al-Baluchi, sobrino del supuesto autor intelectual), han solicitado al Tribunal Supremo de EE.UU. que anule una decisión de 2024 de Lloyd J. Austin III, entonces secretario de Defensa, por la que bloqueó un acuerdo de culpabilidad que les habría permitido cumplir penas de cadena perpetua en lugar de enfrentarse a un juicio en el que les solicitan la muerte.
Ese acuerdo se consideró inicialmente una vía para avanzar y cerrar el caso, que, según expertos jurídicos, seguirá viéndose obstaculizado por el trato que los acusados recibieron a manos de sus interrogadores.
Pero el acuerdo fue duramente criticado por familiares de las víctimas y por organizaciones defensoras que llevan décadas esperando que se haga justicia.
Terry Strada, líder del grupo 9/11 Families United y viuda cuyo marido murió en los atentados, lleva mucho tiempo defendiendo que los acusados sean juzgados, pese a los obstáculos legales que aún persisten.
En 2024, después de que el acuerdo con los presuntos autores fuera retirado, Strada declaró a AP que estaba dispuesta a esperar años para que recibieran “un castigo acorde con el crimen y ese sería la pena de muerte”.
