La tragedia ferroviaria de Urda ha estrechado el margen político del PSOE, sometido a una presión que llega tanto desde la oposición como desde los partidos que han sido sus aliados durante la legislatura. Mientras el Partido Popular exige a Pedro Sánchez que asuma las consecuencias políticas del accidente, las formaciones situadas a su izquierda, principalmente el Frente Amplio, quieren ir un paso más allá y reclaman al presidente del Gobierno medidas de calado que permitan abordar los problemas estructurales de la red, desde la desinversión hasta los efectos de la liberalización del sistema ferroviario.
El frente de presión sobre los socialistas no termina ahí. El PNV también ha reclamado responsabilidades políticas y técnicas, aunque ha preferido aplazar cualquier valoración sobre sus consecuencias hasta escuchar las explicaciones que Óscar Puente ofrecerá el próximo martes en el Congreso.
Delgado denuncia que los operarios han pasado de “monitorizar 15 trenes simultáneos a un máximo de 40”
Ante la decisión de Sánchez de mantener al ministro al frente de Transportes pese a sus reiteradas peticiones de dimisión, los populares optaron ayer por elevar la presión directamente sobre el presidente del Gobierno. Y tras reunirse por videoconferencia con los consejeros de Infraestructuras de las comunidades gobernadas por el PP, su vicesecretario de hacienda, Juan Bravo, advirtió al socialista de que las responsabilidades “no se pueden despachar con una cabeza de turco”.
El mensaje lo completó horas después la vicesecretaria de sanidad y política social, Carmen Fúnez, desde Toledo, donde asistió a la misa funeral por las víctimas oficiada por el arzobispo, Francisco Cerro. “En el PP estamos comprometidos en trabajar para que nadie sienta miedo al subirse a un tren”, afirmó.
Pero la presión sobre el PSOE no llegó únicamente desde la oposición. También sus aliados parlamentarios aprovecharon la crisis ferroviaria para reclamar responsabilidades y abrir el debate sobre el modelo de gestión de la red. El Frente Amplio y el Bloque Nacionalista Galego coincidieron en que la investigación debía ir más allá de posibles errores individuales y abordar problemas estructurales como la desinversión, las condiciones laborales y la apertura del sector ferroviario a operadores privados que el diputado del BNG Néstor Rego atribuyó, en concreto, a “decisiones compartidas” de populares y socialistas.
Desde Barcelona, el candidato del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, denunció que los operarios de Adif han pasado de gestionar “unos 15 trenes simultáneamente a un máximo de 40 en seis años” y rechazó que toda la responsabilidad recayera sobre unas plantillas que llevaban tiempo denunciando jornadas de hasta 12 horas.
La presión del Frente Amplio sobre el PSOE contrasta con la alianza que mantiene para las elecciones del 29-N, en las que ambas formaciones concurrirán juntas al Senado. La coalición defiende, sin embargo, que la exigencia de responsabilidades políticas debe ser “el primer paso hacia un aumento de la inversión” que permita reforzar el carácter público del sistema ferroviario.
