No es la primera vez que una campaña electoral en España se tiñe de luto por diferentes motivos. La desgracia ocurrida en la línea de alta velocidad en Toledo sobrecoge las conciencias y, aunque una parte del ruido electoral parece amortiguarse ante el dolor de las víctimas, toda reacción social a lo ocurrido incluye un cariz político. La capacidad de un gobierno para afrontar una tragedia siempre se mide por su habilidad a la hora de transmitir certezas y sensibilidad. Pero, en esta ocasión, el reto es mayor por tratarse de la segunda catástrofe de esas características que ocurre en apenas nueve meses. Resulta mucho más difícil restaurar la confianza en la gestión de los actuales responsables.
De momento, Pedro Sánchez considera que su ministro de Transportes no debe dimitir, aunque hay dirigentes socialistas que no compartan esa visión. En la Moncloa se aduce que Óscar Puente “no tiene la culpa” de lo ocurrido y que sería “injusto” cesarlo. De hecho, la permanencia del ministro en su puesto es en sí misma un mensaje del presidente, que traslada así que considera lo ocurrido un desgraciado suceso, no un accidente motivado por una deficitaria gestión. De ahí que Puente ponga el énfasis en los errores cometidos en el centro de control de Atocha. El problema es que, al hacerlo, acaba por achacar la responsabilidad en los empleados que llevan a cabo esa tarea y, por ende, irrita a cualquier trabajador que sabe que, en algún momento, puede equivocarse o que lidia cada día con labores que pueden salir mal por situaciones de estrés, inexperiencia o carencias de personal. Por eso, Puente trató de ser más prudente en sus señalamientos durante su segunda comparecencia respecto a la primera.
A ello se suma la percepción de deterioro que acumulan los usuarios del tren, sea de alta velocidad, de media distancia o de cercanías. La ambiciosa red de AVE (4.000 kilómetros frente a los 2.800 de Francia) en la que se embarcaron gobiernos de todos los colores durante décadas se revela ahora excesivamente costosa de mantener. Si añadimos los años de la crisis financiera en los que el gasto en mejoras se ralentizó, obtenemos una radiografía de una red ferroviaria cuyo modelo necesita una revisión de prioridades. Todo eso sin contar con la coexistencia de dos compañías, Renfe y Adif, que llevan años zancadilleándose sin pudor. Aunque sean problemas enraizados desde hace tiempo, el Gobierno actual es el responsable de asumirlos. Al menos así suelen leerlo los ciudadanos.
Sánchez vuelve a afrontar una catástrofe e intenta que no sea atribuible a una gestión deficiente
Si eso se trasladará a las urnas del 29 de noviembre es difícil de aventurar. Dependerá de la gestión política de lo ocurrido, incluida la del PP. Ante una catástrofe se la juega un gobierno, pero también la oposición. Si se percibe que algún líder no está a la altura de las circunstancias o se aprecia un intento de aprovechar electoralmente una desgracia como ésta, el castigo en las urnas está garantizado. En este caso, el Gobierno trata de acotar el siniestro a una desgraciada concatenación de fallos “inexplicable”, en palabras del ministro, no a una mala gestión. Lo segundo resultaría más comprometido para el propio presidente, ya que Sánchez se presenta a estas elecciones como un líder con experiencia ante situaciones difíciles. Si se demostraran carencias en los mecanismos automáticos de seguridad, habrá que ver si son atribuibles a retrasos en las inversiones o a decisiones incorrectas por parte del ministerio y eso podría cambiar el escenario. También será relevante hasta qué punto el presidente considera que las ventajas de mantener a Puente en el cargo son mayores que los inconvenientes. Por ahora, ejerce de escudo político, pero los acontecimientos se suceden con vertiginosa rapidez.
El PP ha gestionado de momento con prudencia los días de duelo. En la tercera jornada ha pedido la dimisión de Puente, pero Alberto Núñez Feijóo ha procurado mantener una actitud institucional que ha contrastado con la de Vox, que ha mantenido los mítines de campaña. Feijóo ha adoptado un tono presidencial que le distancia en este caso de Santiago Abascal, en un reparto de papeles que a ambos puede beneficiar. Si lo que se va conociendo sobre el accidente no va más allá, el PP tendrá que modular el tono de su crítica. No será tibia, eso seguro, pero si es excesivamente agresiva también puede provocar una reacción a la defensiva del electorado socialista.
Esta sigue siendo la campaña del miedo. Aunque el PSOE había planteado un tono distendido, con las camisetas rojas proclamando amor, los bailes, la presencia en programas de humor o las entrevistas con youtubers , en realidad los socialistas estaban tratando de potenciar el voto del miedo, pero con otro lenguaje. Se trataba de contrastar una España optimista, con ganas de vivir, con otra “en blanco y negro”. Es obvio que el accidente trunca todo ese planteamiento y en el PSOE lo saben. Pero la campaña sigue girando en torno al miedo porque es donde están instalados los países occidentales.
La oposición también se la juega y, por ahora, el PP ha logrado contener una reacción agresiva
La política del miedo es el reflejo de una sociedad atenazada por el riesgo. El desarrollo económico, científico y tecnológico (el AVE es un exponente claro) no impide que cunda una inseguridad vital, ya que no garantizan necesidades básicas como el acceso a una vivienda, residir en el barrio en el que uno nació, el desplazamiento al trabajo o una expectativa laboral fiable, incluso para trabajadores cualificados, ante la incertidumbre asociada a la IA. Los gobiernos pierden capacidad para controlar fenómenos que los superan, desde la digitalización a las migraciones o las catástrofes climáticas. Y las redes sociales amplifican los conflictos y las percepciones de inseguridad. El miedo es la seña de identidad de estos tiempos y, como tal, difícilmente podría sustraerse a la utilización política. El miedo a viajar en AVE. Uno más.
