La patronal carga contra el Gobierno en general y contra el Ministerio de Trabajo en particular. Esta mañana, en la clausura de la asamblea general de la CEOE, su presidente, Antonio Garamendi, ha criticado la inestabilidad institucional que se vive en España, señalando que “el panorama en nuestro país es desolador” por el bloqueo del parlamento, la falta de presupuestos por tercer año consecutivo y un Ejecutivo ocupado en gestionar “el último escándalo”. Es lo que ha definido como una deriva institucional en la que quienes tienen que gobernar están “más pendientes de sus intereses electorales e ideológicos”.
A continuación, Garamendi ha entrado en un terreno específico, el de los jueces, con una defensa a fondo de este estamento. Ha arrancado con una defensa explícita de la separación de poderes para, posteriormente, en declaraciones a los medios, afirmar que “es brutal el ataque que se está haciendo a los jueces, es algo peligroso”. Pero no se ha quedado solo en los jueces; también ha subrayado que quería trasladar su apoyo explícito a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y la prensa libre, además del estamento judicial.
Lo ha resumido con una frase. “Levantemos las alfombras porque los casos de corrupción son increíbles”, ha afirmado en declaraciones a los medios después de cerrar la asamblea general.
Crítica general que pronto se ha focalizado en el departamento de Yolanda Díaz, al que acusa de injerencia y “asfixia normativa”, de incumplir los acuerdos firmados y de legislar a golpe de reglamento. “Hemos normalizado la gobernanza por real decreto o por reglamento”, ha afirmado, señalando cómo el Ejecutivo y el ministerio, ante la pérdida de la mayoría en el parlamento, utilizan vías que lo puedan esquivar. La conclusión, para Garamendi, es que “se ha instalado la inseguridad jurídica”, con injerencias constantes en la negociación colectiva.
“Hemos normalizado la gobernanza por real decreto o por reglamento”
A partir de aquí, ha venido la contestación a las acusaciones de bloquear el diálogo social. “No podemos admitir que nos acusen de bloquear el diálogo social”, trasladando la culpa a Trabajo, que desde el 2020 ha hecho imposible llegar a acuerdos y ha provocado una “asfixia normativa” con múltiples cambios en las normas realizadas sin diálogo social y sin consultas. En concreto, ha contabilizado que entre septiembre de 2022 y diciembre de 2025 se han producido 61 cambios en la normativa laboral sin diálogo social, y en ocasiones, incluso sin establecer consultas o desarrollando unas consultas meramente formales.
Garamendi también se ha referido al problema de las bajas laborales que se han incrementado drásticamente en los últimos años, pidiendo diálogo para buscar una solución a este problema que la patronal considera estructural. Son palabras que vienen después de la jornada de ayer en que la CEOE pidió que la Seguridad Social se haga cargo de los primeros quince días de las bajas mientras no se aborden los problemas de fondo, como son la falta de capacidad del sistema de salud y de la inspección.
El presidente de la patronal se desmarcó ya ayer de las declaraciones del presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás García, calificando a los jóvenes de “memos”, porque pedían la baja “porque les dejaba la novia”. Garamendi considera que los problemas de salud mental afectan especialmente a los jóvenes y que, además, se han agravado tras la pandemia. Nada que ver con el planteamiento, muy criticado, de Nicolás García.
