La inseguridad jurídica en materia tributaria tiene un coste de 21.890 millones de euros, el 1,3% del PIB, para las empresas españolas, según un informe elaborado por la Societat Barcelonesa d´Estudis Econòmics i Socials (SBESS), el ‘think tank’ de Foment del Treball, que ha sido elaborado por el exministro Juan Costa Climent y que ha sido presentado este jueves en Madrid. El documento pone de manifiesto que España se encuentra a la cola de la UE por su complejidad fiscal y su alta conflictividad en esta materia.
El informe pone de manifiesto que las empresas españolas tienen que hacer frente a mayores costes, tiempos y, por tanto, procedimientos innecesarios por la elevada complejidad en fiscalidad, que es estructural y que, incluso, se ha agravado en los últimos años, ha explicado Juan Costa. De los 27 países de la Unión Europea, España ocupa el puesto 24 por la complejidad de su normativa fiscal y por las excesivas dificultades a la hora de aplicar el impuesto de sociedades, principalmente.
Un ejemplo de esta complejidad tributaria española lo ha ofrecido el propio Costa: una comprobación representativa de la administración tributaria en España dura 12 semanas, mientras que la media Europa se sitúa por debajo de 5 semanas. Otro dato: la revisión inicial de controversias tributarias dura en España una media de un año, mientras que la media europea es de algo más de 100 días. Y otra circunstancia: el incentivo fiscal a la inversión en Francia se utiliza entre dos y tres veces más que en España. ¿Por qué? “Porque hay una conflictividad”, ha añadido el responsable del estudio.
Esta realidad tiene su reflejo en la cuenta de resultados de las empresas. Según el documento, los costes de la complejidad tributaria tienen un coste de 11.500 millones al año, casi siete décimas de PIB, a lo que hay que añadirle el coste de la inversión que se pierde y que asciende a 10.500 euros. Perder inversión implica no impulsar la productividad, crecer menos y, por tanto, la imposibilidad de mejorar los salarios, ha explicado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre.
El informe de Foment plantea, en primer lugar, una revisión de la complejidad estructural en materia tributaria que plantea tanto a grandes corporaciones como a pymes. El impacto en las empresas más modestas es “muy alto”, ya que no disponen de las facilidades jurídicas necesarias. Es decir, SBESS propone impulsar normas más claras y unas obligaciones proporcionadas. También recomienda una mayor previsibilidad a la política tributaria, así como reforzar las garantías institucionales. Por último, el documento ofrece la posibilidad de medir y evaluar los resultados de estas propuestas.
Se trata, en definitiva, de plantear una mayor convergencia con Europa en términos tributarios, ha explicado Fèlix Riera, director de la SEBSS. De hecho, el informe concluye que si España contara con una mayor certeza tributaria y una menor conflictividad en materia fiscal, y el país se situará a la cabeza de la UE en esta materia, el impacto económico sería de 34.600 millones..
Para solucionar este problema, Foment ha propuesto un gran pacto por la certeza tributaria y la reducción de la complejidad fiscal, según ha defendido su presidente, Josep Sánchez Llibre. La patronal tiene previsto enviar esta propuesta de acuerdo a todas las formaciones políticas que obtengan representatividad tras las elecciones del 29 de noviembre.
Foment prepara un evento público para abordar el problema de la inseguridad jurídica tributaria en España
Además, Foment prepara un evento público para abordar el problema de la inseguridad jurídica tributaria en España que se celebrará el próximo 12 de enero en Madrid. El acto contará con la presencia de expertos tributarios, como Montse Trapé, consejera independiente de CriteriaCaixa, y Luis López-Tello, director corporativo de Repsol.
El de la conflictividad fiscal y su coste para las empresas es el tercer estudio de la Societat Barcelonesa d´Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball (SBESS). Su autor, Juan Costa Climent, fue ministro de Ciencia y Tecnología durante el segundo mandato de José María Aznar, además de secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria. Costa también fue el responsable del acuerdo de financiación de los Pactos del Majestic que sellaron el PP y CiU.
