El avance normativo para las stablecoins en la Unión Europea (UE) entró en una fase de paralización. La Comisión Europea (CE) decidió suspender la publicación de una guía técnica que buscaba autorizar la emisión de activos digitales globales, como USDC, bajo el marco del reglamento MiCA.
La guía técnica, identificada como Q&A (Questions & Answers) es un documento técnico o interpretativo de la Comisión Europea. La idea es aclarar si un emisor de la UE puede emitir un token fungible con un emisor de terceros países, si las reservas pueden compartirse, y si aplica responsabilidad conjunta o segregación estricta.
La decisión de suspender la publicación responde a una intensa presión ejercida por el Banco Central Europeo (BCE) y sectores de la Eurocámara, los cuales alertan sobre las implicaciones geopolíticas y los riesgos para la estabilidad financiera de la región.
El núcleo de la controversia reside en las denominadas stablecoins de «multiemisión», como USDC y USDG. Esta última, emitida por Paxos.
Se trata de un modelo que permite que entidades en distintas jurisdicciones, como Estados Unidos y Europa, emitan un mismo activo fungible. Según datos técnicos de funcionamiento, si una sede enfrenta una crisis de liquidez, puede recurrir a las reservas de la otra para cumplir con los reembolsos.
Al abrirse esta posibilidad de este tipo de emisiones se genera problema legal dado que las leyes de la región no regulan explícitamente este modelo transfronterizo. Hasta ahora, las stablecoins sí pueden emitirse y operar legalmente en la UE, siempre que cumplan una serie de requisitos entre los cuales no se contempla la multiemisión.
Para el BCE, dicho mecanismo representa una vulnerabilidad crítica, ya que, según la entidad, las reservas europeas podrían ser utilizadas para cubrir retiros en mercados extranjeros, escapando al control de los supervisores locales y debilitando las salvaguardas prudenciales existentes.
Por ello, la falta de consenso ha derivado en un conflicto de competencias: el organismo monetario sostiene que un asunto de tal magnitud no debe resolverse mediante una simple orientación de la Comisión, sino a través de una normativa formal y estricta.
El debate se posterga hasta 2027
Ante este escenario, fuentes cercanas a las negociaciones citadas por el medio español Cinco Días indican que el debate definitivo sobre estos activos digitales podría postergarse hasta la revisión programada de MiCA, en 2027. Sin embargo, mientras las autoridades europeas debaten en Bruselas, la adopción de stablecoins en la vida real sigue avanzando a buen ritmo.
La adopción práctica de estos activos continúa en ascenso. Un reciente informe del exchange OKX, publicado en mayo de 2026, revela que las stablecoins están expandiendo su uso hacia pagos cotidianos en el Espacio Económico Europeo, como informó CriptoNoticias.
En concreto, los datos de transacciones realizadas con la tarjeta del exchange vinculada a Mastercard muestran que el 44% del gasto se concentra en alimentación, con un 26% de las operaciones registradas en supermercados. En países como los Países Bajos, el gasto en supermercados asciende al 37%, lo que sugiere que, mientras la política debate, el usuario integra estos activos en su economía diaria.
No obstante, las autoridades mantienen la cautela. El BCE estima que el mercado de estas monedas digitales oscila entre los 450 y 700 millones de euros a inicios de 2026. Si bien consideran que la escala es pequeña frente al sistema financiero tradicional, temen que una integración desordenada socave la autonomía estratégica de la UE.
Desde la industria, figuras como Dante Disparte, jefe de política global de Circle, recuerdan que estas monedas ya son legalmente permisibles bajo MiCA y que las trabas actuales responden a factores políticos. Por su parte, analistas del European Credit Research Institute advierten que esta parálisis regulatoria sitúa a las empresas europeas en una desventaja estructural para la gestión de tesorería y pagos transfronterizos.
La incertidumbre actual plantea un desafío para el ecosistema, pues las criptomonedas estables buscan su espacio en la infraestructura de pagos tradicional europeo. Sin embargo, la falta de una postura clara en Bruselas ralentiza la adopción institucional en el continente, dejando a Europa en una posición conservadora frente a la evolución de los mercados digitales globales.
