Las nueve asociaciones industriales más relevantes de España han reclamado este jueves al Gobierno la aprobación de cinco medidas para abaratar el coste eléctrico de los grandes consumidores entre un 10% y un 30% con el objetivo de equipararlo al de Alemania. Buena parte de su propuesta coincide con las medidas de apoyo a la industria incluidas ya en el real decreto contra los efectos de la guerra en Irán, si bien la petición pasa por convertirlas en permanentes.
Las asociaciones que impulsan la medida son la de productos petrolíferos Aice, la de automoción Anfac, la papelera Aspapel, la química Feique, la de alimentación Fiab, la cementera Oficenem, la de áridos Primigea, las de componentes de automoción Sernauto y la siderúrgica Unesid. Todas ellas forman parte de la Alianza por la Competitividad de la Industria, que ha presentado su propuesta en un acto con la participación del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
“Los costes son estructuralmente demasiado altos como para tener una energía competitiva” y nuestras propuestas son “asumibles”, ha indicado Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, durante la presentación de la propuesta. “Las medidas deben consolidarse con carácter estructural”, ha afirmado Garamendi.
La factura industrial es un 35% superior a la alemana sin ayudas ni rebajas fiscales pese a las renovables
La industria calcula que, sin las medidas de apoyo, la factura eléctrica es un 35% más cara que la de los competidores alemanes y un 166% más que los franceses. Las renovables contribuyen a situar el precio de la electricidad en España por debajo de Alemania en el mercado mayorista, pero el precio final para la industria acaba rondando los 58 euros por megavatio hora (MWh) una vez se incluyen los servicios de ajuste, los peajes de acceso y, sobre todo, las compensaciones por el coste del CO2. En Alemania parten de un precio mayorista de 89 euros por MWh, pero acaban pagando 43 euros debido sobre todo a que se les rebaja lo equivalente a 50 euros por el CO2.
La reivindicación consiste en que se elimine el impuesto a la producción de electricidad equivalente al 7%, en que se bonifique el 85% del impuestos especial eléctrico, en que se integren los costes de las restricciones técnicas en los peajes, en que se rebajen de forma estructural en un 80% los peajes para los altos consumidores de electricidad y en que se compense entre el 75% y el 80% de los costes indirectos de emisión de CO2.
“Contamos con una oportunidad histórica para atraer industria gracias a nuestra abundancia en fuentes renovables, pero para aprovecharla es preciso acometer una reducción estructural de impuestos y crgos”, ha indicado Antonio Hernández, socio de sectores regulados de la consultora EY, que ha elaborado un informe sobre la materia para la industria.
Un coste anual de 3.824 millones en el 2030
Las cinco medidas tendrían en conjunto un coste anual de 3.824 millones de euros en el 2030, según el estudio, que argumenta al mismo tiempo que el beneficio sería superior a través de la mejora de la competitividad industrial.
La supresión del impuesto del 7% a la producción supondría una pérdida de recaudación fiscal de 2.412 millones, frente a los 429 millones de la reducción del impuesto especial eléctrico, los 275 millones de la reducción del 80% de los peajes y los 708 millones del CO2.
A eso se suma la medida sobre los servicios de ajuste, consistente en incorporar las restricciones técnicas que permiten tener disponibles las centrales eléctricas de respaldo a la estructura de peajes. El coste quedaría diluido en la tarifa, lo que la encarecería en 20 euros al año para los hogares y la abarataría en una media de entre 31.000 y 105.000 euros para las industrias.
