La Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes el dictamen de la proposición de ley que permitirá a miles de abogados, procuradores y arquitectos transferir sus ahorros de jubilación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
La medida busca poner fin a un conflicto histórico de profesionales que, tras décadas de aportaciones a sus mutualidades, se enfrentan a pensiones de “miseria” inferiores a los 500 euros mensuales. Alrededor de 150.000 personas, especialmente abogados, procuradores, arquitectos y médicos, cotizan actualmente a través de la Mutualidad de la Abogacía, la Mutualidad de los Procuradores y la Hermandad Nacional de Arquitectos, entre otras. De esa forma, no aportan al régimen especial de autónomos (RETA) de la Seguridad Social, que establece en general cuotas más altas. De este modo, las pensiones que les quedan son muy bajas.
Aunque el dictamen se ha aprobado sin ningún voto en contra, la sesión ha estado marcada por una fractura total entre el Ejecutivo y la oposición. El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de un cambio legal que pretendían el PP y Junts para que aquellos mutualistas que ya tienen reconocido el período mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social también pudiesen traspasar sus derechos económicos al Régimen de Autónomos (RETA), una medida de la que se habrían beneficiado 47.000 personas.
Se trata de una enmienda que sendos partidos habían pactado en el marco de la proposición de ley que desarrolla una pasarela con la que los colegiados mutualistas puedan transferir sus derechos económicos acumulados al RETA. El objetivo de la ley es que todos los mutualistas se pasen al régimen de autónomos a partir de 2028 para evitar el perjuicio que les ha conllevado estar suscrito en el régimen de mutualidades.
El Ejecutivo justificó este veto por un impacto presupuestario de 5.204 millones de euros, argumentando que permitir el trasvase a quienes ya tienen el periodo mínimo de cotización en la Seguridad Social o extender el régimen de alternatividad más allá de 2028 supondría una carga inasumible y una contradicción con la finalidad de la ley.
La ley incorpora además mejoras relevantes respecto a los primeros borradores, como el reconocimiento del principio “uno a uno” para mayores de 52 años, un coeficiente corrector, del 25%, más favorable para las aportaciones realizadas y el fin progresivo del sistema de alternatividad desde 2028.
También se consolida la idea de que las mutualidades dejarán de funcionar como alternativa sustitutiva de la Seguridad Social y pasarán a tener un papel complementario.
Además, han caído las propuestas de neutralidad fiscal y las enmiendas para prolongar la alternancia más allá de 2028.
El dictamen, que contó con la abstención de PP, Vox y Junts, se elevará al Pleno el próximo 10 de junio antes de iniciar su trámite en el Senado. Pese al avance, la oposición ha anunciado peticiones de amparo ante la Mesa del Congreso para intentar recuperar las enmiendas vetadas en la fase final de la tramitación.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha expresado su preocupación tras el debate celebrado hoy en la Comisión. Para el ICAM, lo ocurrido hoy confirma que la ley avanza, pero también que lo hace con riesgos evidentes de quedar por debajo de las necesidades reales de los afectados. El Colegio valora que la tramitación no se haya detenido, pero advierte de que el paso por Comisión no puede interpretarse como un punto final ni como una solución suficiente si el texto que llega al Pleno no garantiza una respuesta efectiva, viable y con seguridad jurídica para los mutualistas.
El ICAM subraya que la sostenibilidad del sistema es una exigencia imprescindible en cualquier reforma. La pasarela al RETA debe ser económicamente viable, técnicamente rigurosa y respetuosa con el equilibrio financiero de la Seguridad Social. Esa ha sido siempre la posición del Colegio. Pero esa viabilidad debe construirse junto a otros principios igualmente esenciales: equidad, seguridad jurídica y protección social suficiente.
“La sostenibilidad del sistema es imprescindible, pero no puede ser incompatible con la justicia. La pasarela debe ofrecer una respuesta viable y equilibrada a quienes llevan años esperando una solución. El rigor económico debe servir para construir una norma sólida, no para dejar sin salida a miles de profesionales afectados”, ha señalado el decano del ICAM, Eugenio Ribón.
