El desamparo es una lista de deportados a ninguna parte: brasileños y jamaicanos en Guinea Ecuatorial, iraníes en Panamá, cubanos y vietnamitas en Esuatini, afganos en República Centroafricana y mexicanos en Sudán del Sur. Una investigación internacional coordinada por Forbidden Stories denuncia que, entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026, Estados Unidos deportó a 25.447 personas a terceros países, distintos de sus países de origen, mediante una red de acuerdos con 35 gobiernos extranjeros, 19 de ellos en África.
Las redadas de ICE, la agencia federal de inmigración estadounidense, que llevan el pánico desde hace meses a las comunidades migrantes en EE.UU., han derivado en una política de deportaciones masivas de miles de personas a estados con los que no tienen vínculos y donde pueden quedar expuestas a nuevos riesgos. Aunque más de 20.000 han sido enviados a México, al menos medio millar de personas (otras fuentes suben la cifra a 900) de distintas nacionalidades han sido transportados en contra de su voluntad a países africanos que no conocían y en los que jamás habían puesto un pie.
“El objetivo es asustar: alguien migra a EE.UU. y unos días después aparece en Sudán del Sur”, denuncia Álvarez, de Forbidden Stories
La abogada keniana Beatrice Njeri, representante en África de un consorcio legal que defiende a deportados en varios países del continente, describe para estos últimos una situación de limbo y precariedad. “Están en situación de desesperación total –explica a este diario por teléfono–, cada país trata a las personas diferente, están en centros de detención u hoteles vigilados, maltratados y sin poder salir, ni contactar con su familia o sus abogados ni recibir atención médica o comida suficiente. Es una situación que rompe el corazón. No tienen documentación, ni saben cuándo podrán ir a casa ni por cuánto tiempo estarán encerrados. Están atrapados y abandonados”.
El gobierno de Trump, que ha conseguido que los jueces le permitan seguir con las deportaciones al menos hasta diciembre, alega que ejecuta estos envíos a terceros países cuando las personas no pueden ser devueltas a sus lugares de origen o cuando sus países natales no las aceptan.
La realidad son vidas rotas por una política inmisericorde. La organización Forbidden Stories , con sede en París, documenta casos como el de Nika, una mujer iraní que huyó a EE.UU. en 2024 tras la represión del gobierno de Teherán –“Perdí a muchos amigos; los mataron y algunos están en prisión. Sé que si vuelvo a Irán me matarán”, explica– y tras ser detenida por el ICE fue enviada a la República Centroafricana, un país que vive un conflicto armado desde hace más de una década. Otro deportado en el estado centroafricano, donde han llegado desde EE.UU. nacionales de Ecuador, Afganistán, Armenia, entre otras muchas nacionalidades, admitía estar “aterrorizado”.
Deportados a ninguna parte
Hay colombianos en Guinea Ecutorial, iraníes en Panamá, cubanos en Esuatini… cientos de migrantes que residían en EE.UU. han sido enviados a centros de países africanos
En otros casos, como el del cubano Roberto Mosquera y el vietnamita Khai Vo, llevaban más de 40 años viviendo en suelo estadounidense, donde tenían sus trabajos y habían formado sus familias, cuando fueron detenidos por patrullas del ICE y enviados días después a un complejo correccional de Eswatini, antigua Suazilandia, un reino africano enclavado entre Sudáfrica y Mozambique.
Una investigación de Reuters documentó incluso 40 casos de personas de la comunidad LGTBI que, pese a haber recibido protección legal en EE.UU., habían sido enviadas a países africanos donde podían volver a sufrir violencia.
La periodista de investigación Sofía Álvarez, una de las autoras de Proyecto Deportación de Forbidden Stories , denuncia la opacidad con la que EE.UU. lleva a cabo las deportaciones –no publica registros de cifras de afectados, nacionalidades, destinos o qué ocurre con los deportados– y la falta de humanidad del proceso, que ha separado a familias no tiene en cuenta si la persona está enferma, tenía un proceso de solicitud de asilo abierto o si estaba bajo un plan de protección por el riesgo de sufrir violencia en su país.
Es una situación que rompe el corazón. No tienen documentación, ni saben cuándo podrán ir a casa ni por cuánto tiempo estarán encerrados. Están atrapados y abandonados”.
Para Álvarez, el proceso de “remigración” (un término que usa el ejecutivo de Trump y proviene de la extrema derecha), busca lanzar un doble mensaje. “Uno de los objetivos –explica a La Vanguardia– es el efecto disuasorio, asustar a los que vayan a llegar en el futuro, porque la imagen que transmite es impactante: un migrante llega a EE.UU. y a los pocos días aparece en Sudán del Sur. Además, existe la voluntad política de dejar claro que las cosas han cambiado. Pero también hay un aspecto disuasorio interno, que dice a los migrantes en EE.UU. que, sea cual sea su situación, están en riesgo y si quieren eliminar la incertidumbre deben marcharse”.
Organizaciones que también han realizado seguimientos de la situación como Human Rights First o Refugees International denuncian el secretismo de los acuerdos firmados por terceros países después de recibir compensaciones económicas o incentivos por parte de EE.UU., como la retirada de aranceles o la restricción de visados. Según documentos internos, la Oficina de Remigración estadounidense ha reservado 410 millones de dólares para pagos a gobiernos y organizaciones como parte de los acuerdos de deportación.
