Llega el momento crucial en el juicio por el caso mascarillas. Los tres acusados, el ex ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama declararán entre la sesión de hoy y la de mañana, que se prevén largas. La jornada de este miércoles arrancará con el interrogatorio al empresario, una de las piezas clave de este proceso, que se incoó, entre otras cosas, gracias a su pacto con la Fiscalía. ¿Dará Aldama nuevos datos sobre las actividades de la presunta trama? Esa es una de las preguntas que planean sobre la sesión de este miércoles.
Se espera que durante el interrogatorio, Aldama conteste a todas las partes del proceso porque su papel en este juicio ha sido de colaboración, el de reconocer que pagó a Ábalos y su exasesor a cambio de contratos de mascarillas y de que le abriesen las puertas a otras administraciones. Como explicó el jefe de la UCO, le ayudaron a acceder a las “más altas instituciones” del Estado, incluso intermediando con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para su beneficio.
La estrategia de defensa del empresario ha sido reconocer la corrupción e ir más allá, apuntando a otros altos cargos que no están imputados, por lo menos de momento, por falta de indicios. Por esta colaboración, el fiscal anticorrupción solicita para él siete años de prisión, en contraposición con los 24 años que reclama para Ábalos.
Sin embargo, la prueba de fuego en su declaración. Si no contesta al fiscal jefe de Anticorrupción todo lo que quiere oír, en la fase de presentación de conclusiones definitivas, Alejandro Luzón puede cambiar su criterio y solicitar un incremento de pena. Por tanto, Aldama no puede echarse atrás y hoy se verá hasta dónde está dispuesto a llegar.
Por su parte, Ábalos y García seguirán negando la mayor. Fuentes de las defensas sostienen que ambos van a defender que los contratos por mascarillas a Soluciones de Gestión durante la pandemia cumplieron de forma estricta con la legalidad vigente para la contratación de emergencia.
Además, negarán las afirmaciones vertidas el lunes por los responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, firmantes de los informes, sobre las cantidades que ambos habrían cobrado por parte de Aldama a cambio de los contratos.
Su tesis es que los investigadores han descontextualizado las conversaciones mantenidas entre ambos y terceros hablando de “chistorras” o “lechugas” como si fueran billetes de dinero. Tanto el exministro de Transportes como su exasesor defenderán que el dinero en metálico que manejaban provenían de la liquidación de gastos del PSOE, que ellos antes adelantaban de su bolsillo. Si Ábalos utilizaba a Koldo García o su hermano, Joseba, para hacer ciertos pagos no era porque su asesor gestionara el dinero negro proveniente de la corrupción -como se les acusa- sino para que su mujer de entonces no viera ciertos gastos empleados con su amante.
Una de las incógnitas es si Koldo García hará nuevas revelaciones, aunque fuentes próximas a él descartan algo llamativo.
Los tres están acusados de los presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. A lo largo de este proceso, que ahora llega a su fin, han desfilado ante el Tribunal Supremo, casi 80 testigos cuyas declaraciones han ido apuntalando las acusaciones que pesan sobre ellos en relación a diversas actividades ilícitas.
Caso mascarillas
La más importante la que da nombre al proceso: la supuesta compra fraudulenta de mascarillas durante la crisis del coronavirus a través de la empresa Soluciones de Gestión a cambio de comisiones. Diversos testigos han relatado que se realizaron dos grandes compras de mascarillas a esta compañía, contactada por Aldama. Koldo habría organizado la compra y Ábalos habría dado la autorización gracias a sus poderes ministeriales.
La primera adquisición, de ocho millones de mascarillas se realizó a través de Puertos del Estado y se puso en marcha el 19 de marzo de 2020 de forma urgente eludiendo los controles habituales existentes en la contratación pública, algo que permitía de forma excepcional el decreto de declaración del Estado de alarma, dictado solo unos días antes, el 12 de marzo de 2020. La segunda se realizó en abril a través de Adif y fue de cinco millones de mascarillas. Ambos contratos se adjudicaron a Soluciones de Gestión.
Juan Manuel Gómez, que era subsecretario en el Ministerio de Fomento en aquel momento, relató durante su declaración que el 19 de marzo se le encargó la compra de las mascarillas. Tras estudiar las necesidades, propuso comprar cuatro millones calculando que durarían 15 días. Koldo García le dijo que el adjudicatario sería Soluciones de Gestión, pero no le informó de “cómo le había llegado la oferta”.
Cuando Ábalos ya había firmado ese compra, “Koldo dijo que había que cambiarlo porque Soluciones de Gestión había dicho que eran ocho millones de mascarillas o nada”. Se hizo un nuevo contrato por ese volumen y Ábalos lo firmó de forma definitiva. Tres técnicas inspectoras del Ministerio de Transportes, que hicieron una auditoría sobre las compras realizadas en la pandemia, avalaron esa versión. Su conclusión fue inequívoca: el pedido de mascarillas se duplicó en solo 38 minutos. Se pasó de cuatro a ocho millones después de que se recibiera un mail de Aldama.
El segundo pedido se hizo a través de Adif. Su entonces presidenta, Isabel Pardo de Vera, declaró que se Koldo le habló de contratar con Soluciones de Gestión “sin plantear ninguna otra oferta”. Otro empleado de Adif, Francisco Toledo, relató que había “otra oferta” mucho más económica, pero que, al final, se decidió contratar el suministro de mascarillas con Soluciones de Gestión.
Las comisiones
Los dueños de Soluciones de Gestión se acogieron a su derecho a no declarar porque están investigados en otra causa por los mismos hechos. En consecuencia, no corroboraron las presuntas comisiones. No obstante, varios testigos han confirmado la existencia de pagos en metálico. De la instrucción se desprende que Aldama habría pagado 10.000 euros mensuales a Koldo, quien los repartía con Ábalos. A veces, Aldama no disponía de efectivo suficiente en España y realizaba las entregas en República Dominicana.
Joseba García, hermano de Koldo, declaró que viajaba con frecuencia a Santo Domingo (República Dominicana) para conocer a su novia y que en alguna ocasión, estando en la capital, le pidieron que fuera a Punta Cana a recoger un sobre cuyo interior no miró. Una testigo, empleada de una empresa de un socio de Aldama en República Dominicana, concretó que se vio con Joseba al menos en dos ocasiones en Punta Cana y le entregó sendos sobres con 10.000 dólares en el interior de cada uno.
La abogada de Koldo García aprovechó el interrogatorio de Joseba para preguntarle si había recogido sobres con dinero en la sede del PSOE y Joseba aseguró que sí, en varias ocasiones, pero insistió en que no los abrió, pues no es esa su costumbre. Y la exmujer de Koldo, Patricia Úriz, declaró que también había ido a la sede de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid a recoger sobres con dinero.
Además, la defensa de Koldo García puso en entredicho los pagos que realizaba el PSOE cuando José Luis Ábalos era secretario de Organización del partido. La letrada del asesor mostró nueve liquidaciones por diversos importes carentes de concepto cuyo pago fue autorizados. Y la exsecretaria de Ábalos en Ferraz Celia Rodríguez aseguró que pagar los gastos en metálico era algo habitual en la sede del PSOE.
En cambio, Carmen Pano declaró que ella había ido a la sede del PSOE a entregar dinero por encomienda de Aldama. En concreto, Pano aseguró que hizo dos entregas de 45.000 euros cada una. Su chofer corroboró una de las entregas en la que estuvo presente. Pano trabajaba en Villafuel y esa es otra historia.
Villafuel
Pano y su hija Leonor González, también empleada en Villafuel y ex novia de Aldama, aseguraron que la empresa Villafuel, propiedad de Claudio Rivas, quería conseguir una licencia para operar en el mercado de los hidrocarburos, pero no cumplía los requisitos para obtenerla. Pano se encargó de presentar a Rivas y Aldama, quien habría utilizado su cercanía con Koldo y Ábalos para conseguir una cita a Rivas en el ministerio de Industria. A cambio, el ministro pidió un chalet y Villafuel le alquiló con opción a compra a través de otra empresa, Have got time, una casa en La Alcaidesa (Cádiz), lo que también ha quedado acreditado con la declaración de diferentes testigos.
El caso Air Europa
González Pano declaró también que Aldama le contó que había recogido dinero en casa del CEO de Globalia y Air Europa, Javier Hidalgo, como pago para que se acelerase el rescate de la compañía aérea. Del testimonio ofrecido por Pedro Saura, ex secretario de Estado de Transportes, se desprende que Koldo García y Víctor de Aldama trataron de “agilizar” el rescate de Air Europa en el verano de 2020.
Por su parte, Hidalgo no solo defendió la legalidad del rescate de la aerolínea en la pandemia sino que criticó duramente las condiciones por las que el Gobierno finalmente acordó el préstamo, que calificó el “peor de la historia de todo el mundo”.
El piso de Jéssica
La de La Alcaidesa no es la única casa que ha salido a colación durante este juicio, que podría alargarse si las declaraciones de los acusados se extienden más allá del día de hoy. Jéssica Rodríguez, exnovia de Ábalos, explicó que el ministro alquiló para ella un piso de lujo en la plaza de España de Madrid. Un socio de Aldama testificó que él se encargaba de pagar el alquiler “porque Aldama me lo pidió y es como mi hermano”. La trama se hizo cargo de otros pagos a Jéssica como el de la operación de su gato, que costó 1.200 euros. Además, la chica declaró que Ábalos le dejaba dinero en efectivo por casa.
Además, la ex secretaria de Ábalos en el Ministerio de Transportes, Ana María Aranda, afirmó que Jéssica acompañó al entonces ministro en 13 viajes oficiales “nacionales y al extranjero”. E indicó que los desplazamientos de la novia del ministro fueron abonados por Koldo.
También se ha hablado largo y tendido en el juicio de los trabajos de Jéssica. “José Luis me dijo que estaría bien que trabajara para que fuera cotizando”. Así que la trama la enchufó en dos empresas públicas, primero en Ineco y más tarde en Tragsatec. Rodríguez reconoció que nunca fue a trabajar. Uno de los empleados de estas compañías relató que Koldo se quejó porque Jéssica no recibía sus tickets de comida y los quería pese a que nunca se presentó en su puesto de trabajo.
Claudia Montes, ex miss Asturias
Jéssica no fue la única presunta enchufada. Claudia Montes, ex miss Asturias, explicó que conoció a Ábalos en un mitin del partido, conectaron y empezaron a escribirse. Claudia era madre soltera y estaba sin trabajo. La contrataron en Logirail como comercial de trenes turísticos. Pero cuando llegó a su puesto de trabajo no le gustó el lugar y no fue a trabajar.
Su superior en la empresa testificó que abrió un expediente a Montes “porque no acudir al trabajo es una falta muy grave”. Entonces recibió una llamada de Koldo quien manifestó que si las cosas seguían así “rodarán cabezas”. El expediente no acabó de tramitarse porque Claudia fue ascendida y, según contó, dedicaba su jornada laboral a ir a la biblioteca de Oviedo, eso sí, a “leer libros sobre trenes, porque quería saberlo todo del mundo del ferrocarril”.
La letra y la voz de Koldo
Durante el juicio también se han realizado pruebas periciales. Una experta calígrafa declaró que la firma de Koldo en los documentos que ha examinado es “sin dudas” del ex asesor de Ábalos, pese a que su defensa intentó sembrar dudas y planteó la posibilidad de que la rúbrica se hubiera estampado con inteligencia artificial. Los expertos de la UCO confirmaron también que las voces de las grabaciones del caso pertenecen a los acusados. La defensa de Koldo presentó un testigo que manifestó que no se puede acreditar la procedencia de esos audios.
Los agente de la UCO se ratifican
Los agentes de la UCO, con el teniente coronel Antonio Balas a la cabeza, ratificaron en la sesión del lunes punto por punto todas las conclusiones de sus informes: “no hay ningún tipo de duda que chistorras son billetes de 500 euros”; “Isabel Pardo de Vera, presidenta de ADIF, tuvo un ‘rol destacado’ en la contratación de Jéssica Rodríguez”; el piso de la madrileña Plaza de España en el que vivía Rodríguez era su “casita de novios” con Ábalos pagado como “una contraprestación” de Aldama; o que la “decisión última de contratar” a Soluciones de Gestión, empresa de Aldama, para la compra de mascarillas “recae” en Ábalos.
