El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, acierta al afirmar que las medidas sobre dependencia aprobadas esta semana por el Congreso de los Diputados constituyen “la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”. Dotadas con 6.200 millones de euros adicionales, pretenden facilitar que las personas mayores puedan envejecer en casa en lugar de trasladarse a una residencia.
La ley ha contado, afortunadamente, con un amplio consenso en el Congreso de los Diputados. Este paréntesis en la crispación política permitió la abstención del PP y garantiza su aplicación con independencia del color del Gobierno que surja de las próximas elecciones.
Dependencia
La ley ha contado con un amplio consenso. Este paréntesis en la crispación política garantiza su aplicación con independencia del gobierno que surja de las elecciones
El acuerdo se remonta al 2006, cuando la norma fue aprobada bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. Socialistas y populares entendieron entonces que era imprescindible atender a las personas mayores y con discapacidad. El problema es que su aplicación resulta muy costosa y, desde el principio, no ha contado con recursos suficientes. Además, en las crisis económicas, como ocurrió en el 2012 durante los gobiernos de Mariano Rajoy, las personas dependientes fueron las primeras en sufrir los recortes.
La atención a la dependencia puede considerarse, sin duda, la cuarta pata del Estado de bienestar, junto con sus tres pilares tradicionales: la educación, que garantiza el acceso a la formación y la igualdad de oportunidades; la sanidad, que ofrece asistencia médica a toda la población, y las pensiones, que aseguran protección económica tras la jubilación. A ellos se suma la dependencia, destinada a proteger a quienes no pueden valerse por sí mismos por edad, enfermedad o discapacidad.
El envejecimiento de la población y la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral redujeron el cuidado familiar informal. Por esto, atender a las personas dependientes que no podían ejercer plenamente sus derechos, aunque estuvieran reconocidos por ley, era una cuestión de justicia social. Con las últimas medidas aprobadas, esta cuarta pata costará a las arcas públicas más de 14.600 millones de euros.
Pero una cosa es el Estado de bienestar que queremos y otra muy distinta el que podemos pagar. Recuerdo que, en el 2018, durante una visita a España del presidente chino, Xi Jinping, le preguntamos por qué su país no tenía Seguridad Social. Respondió que era porque “no nos la podemos costear”. Incluso Estados Unidos, la primera economía del mundo, limita las ayudas sociales a la mitigación de la pobreza extrema, muy lejos de los servicios universales existentes en Europa.
Además de atender las necesidades de la población, el Estado debe afrontar otros gastos prioritarios para garantizar los ingresos públicos: inversión y mantenimiento de infraestructuras, defensa y seguridad, administración de justicia, investigación y desarrollo, vivienda y empresas públicas, entre otros.
Este fuerte aumento del gasto público, unido a la baja productividad, podría llevar al Estado de bienestar a un callejón sin salida. Por ello, la izquierda en general y los sindicatos en particular deberían ser los primeros en frenar el uso fraudulento de las bajas médicas y el cobro indebido de las prestaciones por desempleo. Cuidar lo que tenemos es una tarea de todos.
