El Banco de España advierte de que los bancos están mostrando una “escasa disposición” a la inclusión financiera de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular, pese a tener derecho a unas cuentas de pago básicas que les permitan operar en el país.
En su último Informe de Inclusión Financiera, el Banco de España dedica un apartado especial a la inmigración y avisa de que todas las entidades de crédito están obligadas a ofrecer estas cuentas de pago básicas incluso a las personas que no tengan un permiso de residencia y cuya expulsión “sea imposible por razones jurídicas o de hecho”.
Sin embargo, solo uno de cada ocho inmigrantes en situación irregular disponía de una cuenta de este tipo a comienzos del 2025, o entre el 10% y el 12% de todos ellos, según el informe presentado este martes en Valladolid.
“Los inmigrantes en situación irregular afrontan un problema de bancarización por las dificultades de abrir una cuenta”, ha explicado la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, al presentar el informe. Cada año se abren en España unas 25.000 cuentas básicas de pago, por debajo de lo que correspondería a los actuales flujos migratorios.
Según cálculos de Funcas recogidos por el propio banco, el número de inmigrantes irregulares en España a comienzos del 2026, antes de la regularización del Gobierno, oscila entre 614.000 y 838.000. Eurostat estima que la población emigrante equivale al 20% en España, cerca del nivel de Alemania y por encima de Francia.
“Riesgo de exclusión financiera” que “podría estar aumentando”
El informe concluye que en la población inmigrante de reciente llegada “se ha identificado un riesgo de exclusión financiera” que “podría estar aumentando” y al que se suma el “problema de bancarización” de los que se encuentran en situación irregular, “por las dificultades que encuentran para abrir una cuenta”.
La cuenta de pago básica, afirma la institución, “no está cumpliendo” su objetivo de servir a la integración financiera. Al mismo tiempo, “las entidades bancarias muestran escasa disposición a abrir cuentas de pago básicas y aplican las condiciones de apertura de este tipo de cuentas de un modo restrictivo”, afirma el banco.
La principal razón aducida por los bancos para mostrar estas reticencias, dice el Banco de España, es la normativa antiblanqueo, que expondría a las entidades a riesgos de sanciones y reputacionales. Ante los riesgos normativos para las entidades, señala, algunas lo soslayan ofreciendo a colectivos vulnerables productos con una operativa más limitada que la cuenta básica.
Los bancos tienen a su vez fórmulas legales para rechazar la apertura de una cuenta básica si ven riesgo de blanqueo de capitales o a la seguridad nacional. También pueden rechazarlo si el inmigrante ya tiene una cuenta bancaria.
Los inmigrantes afrontan mayores tasas de rechazo en las solicitudes de crédito
Núñez ha explicado que una parte de la actividad bancaria de los inmigrantes se asocia a las remesas y que “seguramente no le es rentable a los que no tienen entidades en otros países”. Los inmigrantes se encuentran con tasas superiores de rechazo al pedir créditos, del 12% frente al 8% general, pero las diferencias “no son abismales”. “Hay una diferencia, será por el perfil de riesgo del cliente”, ha señalado.
El problema de inclusión financiera se concentra en los emigrantes irregulares. En términos generales, el 93% de los emigrantes se encuentra bancarizado, frente al 99% de la población total. En sus actividades cotidianas, destacan por el uso de las remesas, con tasas del 18%, frente a apenas el 1% de los nativos. También suelen tener menos tarjetas de crédito y vehículos de ahorro, al tiempo que recurren más al crédito informal y perciben un mayor riesgo de rechazo al pedir un crédito.
Los nacidos fuera de España son más reacios a pedir un crédito por considerar que no se lo concederán, con tasas del 6,2%, frente al 2,4% general. Un 12,1% de los inmigrantes, según las encuestas del Banco de España, dice haber sufrido el rechazo de un crédito, frente al 4,2% de los nativos.
Menos puntos de acceso y oficinas, pero menos población sin servicio
El informe también detecta que entre el 2021 y el 2024 han caído un 2,5% los puntos de acceso presencial a efectivo y se ha reducido un 8,7% el número de oficinas, hasta 1.637. Los cajeros han disminuido en un 2,4%, hasta 1.047.
Sin embargo, el número de municipios sin acceso a servicios bancarios se ha reducido un 18%, hasta 608. Parece contradictorio, pero, según ha explicado Núñez, los cierres de sucursales se dan en lugares donde hay alternativa, al tiempo que los bancos han potenciado los servicios rurales a través de ofibuses y otras iniciativas.
La población sin acceso es ahora un 33,5% inferior a la del 2024, hasta situarse en 435.000 personas, menos del 1% del total. En los municipios de menos de 500 habitantes, el acceso “ha mejorado notablemente”, dice el Banco de España.
