El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica para el buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial (IA), con la que adapta la legislación española al reglamento europeo de Inteligencia Artificial (RIA), en vigor desde agosto de 2024, y que regula las normas que deben respetar las herramientas de IA en España y que contempla multas que pueden llegar a los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio anual del sancionado.
“Es muy de agradecer una visión como la que trasladó ayer el Papa en su encíclica, en la que defiende una visión humanista de la inteligencia artificial, una visión que proteja los derechos y especialmente los derechos humanos y que sea incompatible con los valores que hemos desarrollado como sociedad. Es un mensaje con el que nos sentimos plenamente identificados, como demuestra que España sea el país líder en regulación de la IA”, ha asegurado el ministro Óscar López durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Avance en la protección de menores
Entre los principales puntos de esta nueva legislación están medidas que España ha potenciado en el marco de la Unión Europea, como son calificar la IA en función del riesgo con un régimen de sanciones aplicable. En esta línea se prohíbe, entre otras cosas, que la IA no pueda utilizarse para hacer deepfakes sexuales y para producir pornografía infantil, “lo que supone un avance muy importante para la protección de los menores”, ha asegurado López.
El texto que debe contar con el apoyo del Parlamento ya que afecta a derechos personales, es un conjunto de instrumentos que asegurará la supervisión humana para todos aquellos sistemas considerados de ‘alto riesgo’ porque podrían afectar a los derechos fundamentales de las personas.
500 euros, la sanción mínima
Prohibe el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento, explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad o la situación socioeconómica de las personas (menores, mayores o discapacitados), la clasificación biométrica por raza u orientación política o religiosa, o la ‘puntuación’ de individuos basándose en comportamientos sociales o rasgos personales para, por ejemplo, denegar subvenciones o préstamos. “Es muy importante que la ciudadanía sepa que estas prácticas están prohibidas para que las denuncie cuando las detecte”, advierten desde el Ministerio de Transformación Digital.
La ley también establece que los contenidos generados con IA estén definitivamente identificados y se pone en práctica un sandbox, un entorno de pruebas, en el que se puedan testar los nuevos desarrollos de la IA en España.
Mientras, el Congreso da la necesaria luz verde a esta legislación, todas las premisas que puedan irse aplicando se harán, según han explicado fuentes del Ministerio de Transformación Digital. Por ejemplo,Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), que gana poder e independencia con esta nueva regulación, no podrá imponer multas mientras la ley no esté aprobada, pero sí apercibir infracciones a la ley cuando sean detectadas.
Impulso a la IA en la administración pública
Cuando el Congreso de luz verde a la normativa, el régimen sancionador aplicable clasificará las infracciones en muy graves, graves y leves, garantizando la proporcionalidad. Las sanciones pueden alcanzar hasta los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio en los casos más graves y hasta 500.000 euros o el 0,5% del volumen de negocio en las más leves.
El texto proporciona flexibilidad para las autoridades en la aplicación de las sanciones, adaptándolas a la gravedad, intencionalidad o reincidencia. Además, se incorporan mecanismos que priorizan la corrección frente a la penalización, como las reducciones de sanción por pronto pago o la adopción de medidas correctoras, así como la consideración específica del tamaño empresarial para proteger a pymes y startups, en línea con lo indicado en el RIA.
Otra de las aportaciones de la norma, que no procede de la adaptación del RIA, es impulsar el buen uso de la IA en el sector público estatal, medida que se incluye a petición de numerosas propuestas incluidas en la audiencia pública. Para ello, introduce la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos, no solo para sistemas de alto riesgo, reforzando la transparencia. Además, establece la figura del delegado de IA, que estará encargado de coordinar la aplicación normativa y asesorar en proyectos y contratación pública. Tanto el inventario como el delegado se desarrollarán por Real Decreto. Adicionalmente, se dará impulso a la formación y concienciación de los empleados públicos en materia de inteligencia artificial.
El ministro de Transformación Digital también ha anunciado que el Gobierno ha aprobado una nueva licencia de televisión para el grupo y Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo, liderado por José Miguel Contreras y Andrés Varela Entrecanales, los accionistas que se enfrentaron a Ourghoulian en Prisa.
