Según Associated Press, la Administración Trump ha instruido a los fiscales federales de Miami para proteger a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, de posibles acusaciones penales. Durante mucho tiempo, mientras formaba parte del Gobierno de Nicolás Maduro, Rodríguez había sido un objetivo prioritario de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Aunque la mandataria apareció en numerosas ocasiones en el radar de la DEA, nunca ha sido imputada penalmente en EE. UU. De hecho, no está claro si las órdenes de la Casa Blanca significan que los fiscales hubieran implicado a la venezolana en algún delito o si ni siquiera se llegó a avanzar hacia una acusación formal.
El objetivo de pausar el escrutinio sobre Rodríguez es claro: evitar alterar los esfuerzos de Washington para estabilizar a Venezuela tras la captura de su anterior líder, Nicolás Maduro. De este modo, la Administración estadounidense consigue aliviar la presión sobre la presidenta, aunque sea de forma temporal, lo que le permite abrir el país a la inversión norteamericana.
Delcy Rodríguez ha estrechado los lazos con Estados Unidos
Delcy Rodríguez, una “persona magnífica”, como la define Donald Trump, asumió el poder poco después de la caída de Maduro. Desde su llegada, el país sudamericano y la nación norteamericana han estrechado lazos a niveles nunca vistos. Esta alianza ha permitido a Caracas restablecer conexiones con bancos occidentales y trabajar con mayor libertad con inversores estadounidenses que buscan aprovechar las mayores reservas de petróleo del mundo.
Algunos analistas consideran que la estrategia de Washington hacia el país caribeño, caracterizada en el pasado por bloqueos petroleros, acusaciones penales a altos líderes y amenazas de intervención militar, se ha convertido en un modelo para impulsar un cambio de régimen desde dentro, mientras EE. UU. mantiene la presión sobre otros adversarios históricos como Irán y Cuba.
Lejos quedan las sanciones impuestas a la presidenta y a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, durante el primer mandato de Trump. “Rodríguez está haciendo un gran trabajo. El petróleo está empezando a fluir, ¡y la profesionalidad y dedicación entre ambos países es algo muy bonito de ver!”, escribió Trump en sus redes sociales a principios de marzo.
Lo que brilla por su ausencia en medio de tantas felicitaciones mutuas es cualquier conversación sobre un calendario electoral. “No lo sé”, respondió Rodríguez al ser preguntada sobre el plazo para celebrar los comicios. El mes pasado se superó el límite de 90 días fijado por el alto tribunal de Venezuela para ocupar el cargo de Maduro de forma temporal.
Desde el Senado, no ven clara la política de la Casa Blanca
Este trato de favor ha levantado ampollas en algunos sectores del Senado estadounidense, que exigen al Ejecutivo que explique este viraje político al no haber indicios de que se hayan tomado medidas concretas y significativas para restaurar el orden democrático.
La paralización de las investigaciones sobre Rodríguez coincide con el hecho de que la Administración Trump también ha frenado las pesquisas federales en curso sobre otro destacado líder de la izquierda latinoamericana: el presidente colombiano, Gustavo Petro.
La DEA también había designado a Petro como un “objetivo prioritario” por presuntos vínculos con narcotraficantes que habían sido investigados durante meses por fiscales federales. The New York Times informó en marzo que funcionarios estadounidenses aseguraron recientemente al Gobierno colombiano que Petro no enfrentará cargos en esos casos.
Duncan Levin, un exfiscal que trabajó para la Fiscalía Federal en Brooklyn, afirmó que sería “profundamente preocupante” que a las fuerzas del orden “se les ordenara replegarse de una investigación legítima por razones políticas o transaccionales”.
“La Casa Blanca no puede utilizar la aplicación de la ley penal como un interruptor diplomático”, declaró Levin. “Se supone que las decisiones del Departamento de Justicia deben basarse en la ley, las pruebas, la política y la seguridad pública, no en si un funcionario extranjero es útil para la administración en un momento dado”.
